Casi cuatro millones y medio de ampollas, blísters, comprimidos, soluciones y cualquier envase identificado con los laboratorios HLB Pharma y Ramallo ocuparon espacios en las estanterías y heladeras de los hospitales bonaerenses, pero no se podían utilizar. Cuando se reveló el escándalo del fentanilo contaminado que provocó al menos 90 muertes, la Anmat ordenó el “recupero” de todas los productos de las firmas responsables de producir y vender el anestésico y desde entonces -hace un año y medio- permanecieron intocables, como una mancha venenosa, en los anaqueles de hospitales, centros de salud y salitas de primeros auxilios del sistema público bonaerense.

Ahora, el Ministerio de Salud provincial publicó una resolución que ordena a cada centro de asistencia pública el descarte de estos productos, siguiendo un rígido y estricto protocolo de disposición final.

Son 98 centros sanitarios que deberán proceder al retiro de los productos y deberán hacerlo a costo de cada institución. Porque el juzgado Federal N° 3, a cargo de Ernesto Kreplak, como parte de la investigación penal por las muertes, dispuso el secuestro de todas las ampollas de fentanilo que se hubieran distribuido en todo el país.

Casi al mismo tiempo, mediante la resolución 3158/2025 la Anmat dispuso la inhibición de las actividades productivas de las firmas HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. Además, la prohibición de uso, distribución y comercialización de todos los productos registrados a nombre de esas empresas en el territorio nacional.

Pero según explicaron en La Plata, aunque estaban esas dos determinaciones, desde el Ministerio de Salud de Nación nunca instruyeron sobre cómo deshacerse de los fármacos y tampoco dispusieron los recursos para afrontar esa medida. “Hicimos presentaciones formales y pedidos a diferentes directivos y jamás respondieron. Un año y medio después se decidió retirar y pagarlo con recursos de cada institución”, explicaron en el ministerio provincial.

En Nación respondieron -para esta nota- que no corresponde a ese organismo pagar o aportar para el retiro de productos que compró la jurisdicción "bajo sus normativas"

La Resolución N° 7414 del Ministerio de Salud de Provincia, firmada por el ministro Nicolás Kreplak (hermano del juez) instruye al detalle qué hacer con cada uno de esos remedios inutilizados. Se publicó en el Boletín Oficial y detalla -en uno de los anexos- el listado de los elementos a desechar.

En total son 4.463.951 unidades o cantidades de productos. Están en casi un centenar de establecimientos de salud y se consignan 2.764 “registros” de lotes que fueron producidos por Ramallo y comercializados por HLB.

Allanamiento a HLB Pharma.

Incluyen antibióticos, analgésicos, anestésicos, anticonvulsivantes, corticoides, soluciones, medicamentos inyectables y otros insumos farmacéuticos. Las drogas -entre otras- son difenhidramina, fenitoína, diclofenac, dexametasona, gentamicina, noradrenalina, lorazepam, ketorolac y paracetamol. Hay algunos más específicos para el funcionamiento hospitalario.

Todos fueron adquiridos mediante los mecanismos habituales y aparecen en las planillas de compras que se guardan como respaldo en el ministerio de Salud. Para poder sacarlos de las farmacias y alacenas de hospitales o salitas, el ministerio tuvo que elaborar un modelo de retiro.

“No es como tirar expedientes en un contenedor de basura. Requiere el cumplimiento de leyes y normativas nacionales y provinciales. Se tuvo que elaborar un instructivo que fue avalado por los organismos de la Constitución de la provincia”, dijeron en el ministerio de Salud de Buenos Aires.

El modelo de disposición cumple con la normativa vigente sanitaria y ambiental, entre ellas las leyes provinciales 11.347 y 11.720.

Fuentes del Anmat aclararon que "no es atribución del organismo imponerle normativas a las jurisdicciones". También señalaron que Provincia debió haber actuado como se hace cuando los productos se vencen. "Es el mismo procedimiento y podrían haberlo hecho hace muchos meses", explicaron en la repartición.

Tragedia sanitaria

El juez Federal Kreplak tiene constatado que por lo menos 90 personas murieron después que les suministraron fentanilo contaminado en hospitales de Argentina. Todo comenzó con una serie de fallecimientos detectado en el Italiano de La Plata. Ese descubrimiento derivó en una presentación en Anmat y el 12 de mayo se inició la causa penal.

Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma está detenido desde fines de 2025 por esta causa. Hace dos meses, fueron detenidas las ex funcionarias de Anmat, Agustina Bisio, y de la Iname (Instituto Nacional de Medicamento) Gabriela Mantecón Fumado. Pagaron una fianza de $ 75 millones cada una y quedaron en libertad, pero procesadas.

Ampollas de fentanilo contaminado incautadas por la PFA.

Para Kreplak y la fiscal Laura Roteta -a cargo de la instrucción- tienen responsabilidad penal en las 90 muertes y los daños a 44 sobrevivientes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado de los laboratorios HLB y Ramallo.

El juez impuso además inhibición y embargo sobre los bienes de cada una hasta cubrir los $ 500.000 millones de pesos. Y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, entre ellas, no salir del país y presentarse ante las autoridades una vez al mes.

La causa empezó hace 16 meses y tiene detenido a Ariel García, dueño de HLB y de Laboratorios Ramallo (que producía exclusivamente para el primero), y también a su hermano Diego, otro de los participantes de las empresas. Con Bisio y Mantecón Fumado son un total de 15 personas que se encuentran procesadas por la justicia.

La Plata. Corresponsalía

MG