A un mes de que Uruguay reglamentara la ley de eutanasia, una mujer de 69 años con un cáncer de páncreas es la primera paciente en acceder al procedimiento. El procedimiento estaba previsto para este viernes a las 11 de la mañana en el Hospital Policial de Montevideo.

La información fue difundida por medios uruguayos y confirmada a Clarín por la organización Empatía Uruguay. El nombre de la mujer no trascendió, porque según pudo saber este diario los primeros pacientes que realizaron la solicitud de eutanasia una vez reglamentada la ley no quieren que se difundan sus identidades.

La prensa local sí detalló que esta paciente estaba internada en el Hospital Policial de Montevideo desde hace diez días, pero que tenía la decisión tomada de acceder a la eutanasia desde enero. El consentimiento lo firmó este miércoles.

Telenoche Uruguay informó que es madre de seis hijos, dos de ellos adoptados, y que uno de los mayores la acompañó durante todo el proceso. Tiene un cáncer de páncreas con metástasis pulmonar, renal y hepática: se encuentra con cuidados paliativos y en los últimos meses decidió dejar de someterse a más tratamientos.

Detrás de la primera aplicación de la eutanasia en Uruguay hubo meses de preparación del sistema de salud. Federico Preve, diputado del Frente Amplio y médico neurólogo, fue uno de los principales impulsores de la ley y aseguró que las instituciones trabajaron “con mucha seriedad y cautela” para implementar el procedimiento.

“A un mes de la reglamentación, las instituciones han armado equipos, han recogido las objeciones de conciencia y han puesto a punto sus protocolos”, explicó Preve a Clarín. También detalló que el Ministerio de Salud Pública creó equipos especiales para evacuar dudas sobre la implementación y sobre el protocolo farmacológico.

El diputado sostuvo que ya existen varios procesos en curso y remarcó que la intención fue garantizar tanto el derecho de los pacientes a solicitar la eutanasia como el de los médicos a objetar conciencia. “Se está respetando 100% los derechos de los usuarios a solicitarla y los derechos de los profesionales a objetar conciencia”, señaló.

Uruguay legalizó el 15 de octubre de 2025 la eutanasia con la votación del proyecto de ley de Muerte Digna y se convirtió en el tercer país de América Latina en legalizarla después de Colombia y Ecuador. El 15 de abril, el presidente, Yamandú Orsi, firmó el decreto reglamentario que permitió su plena entrada en vigencia.

Cómo es el procedimiento

La ley busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir" mediante la despenalización de la eutanasia. Permite acceder a ella a personas mayores de edad, psíquicamente aptas y que atraviesen una enfermedad incurable e irreversible o sufrimientos considerados insoportables.

El proceso comienza cuando el paciente presenta un pedido por escrito frente a un médico. Ese profesional debe comprobar que la decisión sea libre y consciente. Además, debe explicarle todas las alternativas posibles, incluidos los cuidados paliativos.

La reglamentación establece que el médico no puede tener vínculo familiar con el paciente y que debe dejar constancia de todo el procedimiento en la historia clínica.

Después interviene un segundo médico que tiene que ser especialista en la enfermedad que padece la persona. Ese profesional tiene hasta cinco días para estudiar el caso y confirmar que se cumplen todas las condiciones que exige la ley.

Si no existe acuerdo entre ambos médicos, el pedido pasa a una Junta Médica integrada por un psiquiatra, un especialista en la patología del paciente y un tercer médico que podrá ser internista o especialista en cuidados paliativos, a definir por la institución médica.

La Junta Médica tendrá cinco días para emitir su dictamen, que deberá comunicarlo dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud. Si el caso es aprobado, el paciente debe volver a ratificar su voluntad frente al médico y dos testigos mayores de edad. La ley también aclara que esos testigos no pueden tener ningún beneficio económico tras la muerte de la persona.

Recién ahí se habilita la última etapa: el procedimiento de eutanasia. La persona puede elegir realizarlo dentro de una institución médica o en “su domicilio o el domicilio de un familiar directo y acompañado de las personas que eventualmente designe”.

En caso de que el paciente quiera la eutanasia fuera de una clínica, el primer médico que intervino deberá asegurarse de que se trate de un “entorno seguro” para el paciente.

“La voluntad del solicitante es esencialmente revocable, pudiendo por tanto dejar sin efecto su voluntad inicial en cualquier momento, sin expresión de causa y sin formalidad alguna, provocando de manera inmediata la clausura de todos los procedimientos”, aclara el decreto.

Es decir, que la persona se puede arrepentir en cualquier momento del proceso. Después de la muerte, toda la documentación debe ser enviada al Ministerio de Salud Pública (MSP), que revisa cada caso para controlar que se haya cumplido correctamente con la ley.

AS