Las cámaras que nuclean a las farmacias y a los profesionales farmacéuticos del país posiblemente protagonicen en los próximos días un nuevo tironeo con el Gobierno, luego de que el Ministerio de Desregulación y Modernización del Estado le termine de dar forma -y lleve al Congreso- un proyecto de ley con el que buscará desregular la actividad, en un intento por encontrar una vía colectora por la que transiten las normativas que se había intentado sumar en el megadecreto 70, pero que la Justicia suspendió en 2025. Los temas centrales: la posibilidad de que alguien más allá del profesional farmacéutico dispense medicamentos a la gente, que a la venta y entrega presenciales de remedios se sume el canal del delivery vía plataformas online, y desregular las restricciones en la ubicación geográfica de las farmacias.

Clarín accedió a un informe técnico de algo menos de ocho páginas, elaborado por la cartera que conduce Federico Sturzenegger, en el que evalúan (siguiendo el título del documento) la “accesibilidad geográfica y demográfica al mercado farmacéutico minorista”, además del “impacto de la suspensión cautelar” de las medidas comentadas arriba. El meollo del informe es que “4.727.162 habitantes (más del 10% de la población) residen a una distancia superior a los 5 kilómetros (ida y vuelta) de la farmacia más cercana” y que, de ese grupo, “790.000 personas deben recorrer distancias superiores a los 50 kilómetros para acceder a un punto de venta físico”.

El trabajo se centra en tres cuestiones (algunas mejor argumentadas que otras), dos de las cuales parecen derivadas de la primera, que establece un escenario problemático en materia de distancia geográfica entre los habitantes y las farmacias. En cuanto a la segunda, pretende definir el impacto que ese escenario y el hecho de que no esté permitido ejercer la venta digital con distribución vía delivery de medicamentos de venta libre, recae en la población más vulnerable de la Argentina.

Es un tema polémico, cuyo análisis no debería desligarse de los intentos (ya explicitados por el Gobierno con el decreto ómnibus “Bases para la reconstrucción nacional...”) de desarticular (flexibilizar) la función de los farmacéuticos. Hoy, como profesionales de la salud (según define el marco normativo argentino) están entre los únicos autorizados a entregar medicamentos a la ciudadanía.

La tercera cuestión hace foco en la distribución territorial de la oferta. El Gobierno subraya el costado desparejo de esa repartida, lo que redunda en que haya provincias en las que las farmacias faltan, mientras que en otras directamente se multiplican.

Todo esto concentrado, plantean desde ese Ministerio, consolida un acceso restringido que sería urgente atender. Se trata de una problemática debatida hace tiempo que, en efecto, supone desafíos pendientes, admiten voces del sector comercial y de gestión que dialogaron con este medio. Agregan otras que en rigor habría que sumar, si de acceso se trata.

Varias fueron tratadas en estas líneas, como el alto precio local de los medicamentos (una cruzada casi personal que de hecho tiene al ministro Sturzenegger en relaciones pringosas con la industria farmacéutica nacional), el poder adquisitivo derruido -que empeora esa primera cuestión-, y el deterioro del sistema sanitario en general.

Pero veamos las cifras del informe de Desregulación, y qué contestan desde las farmacias.

Farmacias: los tres puntos que enfatiza el Gobierno

En base a datos del Registro Federal de Farmacias (REFAR), el Gobierno informa que en 2025 había 14.913 farmacias, algo más que las 13.000 que suelen reportar las cámaras del sector, desde donde aseguran que la cifra se mantiene más o menos estable, entre aquellas que dejan de funcionar y las nuevas que se incorporan.

En cualquier caso, el trabajo informa que se hizo un “proceso de georreferenciación, que consiste en transformar cada domicilio (de farmacia) en un par de coordenadas geográficas (latitud y longitud)”. Se utilizó Google Maps, si bien debieron acudir a una segunda búsqueda (más bien manual) para los comercios faltantes en ese mapa global.

Para arribar a la problemática de la distancia con los hogares de Argentina, esos resultados fueron cruzados con las referencias del censo poblacional de 2010. Clarín consultó por qué no se usó el censo 2022, mucho más actualizado en todos los órdenes. Remarcaron que la diferencia, a los efectos de este informe, no es sustancial, y que cuando se elaboró el reporte en cuestión, el INDEC no tenía publicados todavía los datos censales de ese año “con la granularidad que sí hay para 2010”.

Sumaron que se usaron radios censales, 52.379 en todo el país, con un promedio de 765 habitantes cada uno: “A partir de ahí, el procedimiento consistió en medir, para cada radio censal, la distancia respecto de la farmacia más cercana, tomando como referencia la ubicación del radio y comparándola con el conjunto de farmacias georreferenciadas”. Una aclaración que repiten varias veces es que no se tomó una distancia real, sino que se trazaron líneas rectas, lo que en cierto sentido minimiza la distancia de traslado real entre la casa y la farmacia.

De todo esto surge que 4,7 millones de personas deben recorrer 5 kilómetros o más para ir y volver de la farmacia; y que de ellas, 3 millones están al doble de distancia (o más); mientras que cuando se sigue sumando foco, 2,1 millones están al menos a 25 kilómetros (ida y vuelta). A su vez, de esta porción, 790.038 personas deben andar 50 kilómetros para ir y volver de la farmacia. Y, por fin, a 205.706 les toca recorrer al menos 100 kilómetros.

Quién puede entregar medicamentos y cómo

El segundo aspecto abordado es el impacto social por la exigencia de la venta y entrega presenciales de manos del profesional farmacéutico. La conclusión es que existe un perjuicio provocado por “la limitación de modalidades no presenciales (como la venta online y el envío a domicilio de medicamentos de venta libre)”, aseguran.

Parecen menos sólidos los argumentos de este apartado, ya que, pudiendo ponderar y detallar las localidades del país con población rural aislada y en condiciones socioeconómicas más vulnerables (por mencionar una dimensión posible que por supuesto se ve afectada por la distancia a la farmacia), se enfocan un par de datos (seguramente significativos, pero relacionados vagamente con el tema central del informe) de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (EPH).

Son aquellos que detallan que 2,4 millones de personas viven solas en el país, que 650.000 son mayores de 70 años y que 2 millones de hogares tienen una jefatura a cargo de una mujer sola con al menos un menor de 18 años a cargo. “Al respecto, debe considerarse que para una madre soltera o un jubilado que vive solo, recorrer 5 o 10 km no es sólo un problema de combustible o boleto. Es un problema físico y de cuidado”, visibiliza la cartera de Sturzenegger.

Respecto del tercer punto, que es el escenario desparejo en el número de farmacias por población en cada provincia, “el análisis de la distribución territorial de los establecimientos farmacéuticos arroja un promedio nacional de aproximadamente 34 farmacias por cada 100.000 habitantes”, dice el informe. Esa tasa (no es un promedio, realmente) está en línea con los registros del sector farmacéutico, de aproximadamente una farmacia por cada 3.000 habitantes.

Pero cuando se mira “a la luz de la sección 1”, deduce el trabajo, queda clara una “paradoja estadística”, que obedece a un “fenómeno de aglomeración”, lo que provoca el “desabastecimiento de las periferias y de las zonas rurales”. Esa “profunda disparidad y asimetría a nivel provincial” revela “extremos que evidencian una cobertura territorial marcadamente desigual”. Los ejemplos que dan son La Pampa y Mendoza.

Es un contraste interesante: la primera tiene 75 farmacias cada 100.000 habitantes, mientras que la segunda tiene menos de 9 farmacias (8,6) por cada 100.000 personas. Los dos escenarios tienen una explicación, que Clarín dialogó con las carteras de Salud de ambas provincias: la diferencia en la rigidez de la regulación sobre la cercanía permitida entre farmacias.

El escenario más bien desregulado de La Pampa parece estar en línea con el informe oficial, que además critica los “marcos regulatorios que imponen estructuras de propiedad rígidas, exclusividad profesional absoluta o una cadena de intermediación obligatoria”, lo que tiene a “incrementar el umbral mínimo de rentabilidad requerido”.

Farmacias y remedios: las tres propuestas del Gobierno

Se entiende que el proyecto de ley en danza seguramente proponga los tres aspectos que ahora adelanta este informe. El primero, “la habilitación de estructuras jurídicas corporativas, como sociedades anónimas”, lo que “podría facilitar el acceso a capital intensivo” y generar “economías de escala”.

Además, un tema que despertará mucha polémica en un sector fuertemente signado por la cadena comercial definida por los laboratorios. Es la posiblidad de que las droguerías (que, como mayoristas, les entregan a las farmacias) puedan dispensar remedios al público o “integren verticalmente farmacias”, para suprimir “márgenes de intermediación superpuestos” y mejorar la logística.

La tercera propuesta es flexibilizar la dirección técnica de las farmacias. Hoy es obligatorio que sea un farmacéutico matriculado el responsable final en cada local, pero la idea del Gobierno es que “un profesional (se puede presumir que farmacéutico) asuma la dirección técnica de más de un establecimiento”, lo que “permitiría una asignación más eficiente del recurso humano especializado”. Además (en línea con la impronta general de la actual gestión de Gobierno), bajaría el costo del “recurso humano especializado”, lo que a su vez “diluiría la incidencia del costo laboral fijo por sucursal”.

Clarín dialogó con el Ministerio de Salud de Mendoza, quizás una de las provincias más aperturistas en materia de medicamentos, ya que fueron los primeros y casi los únicos interesados (fuentes oficiales lo reconocen especialmente) en importar remedios más baratos desde el exterior.

Pero desde la provincia cuyana destacaron que la cantidad de farmacias "no va a mejorar el valor del medicamento" y que aumentar los lugares de expendio habitualmente "tiende a una mayor medicalización de la población". Al tener más acceso, se dan más frecuentemente escenarios como “ir a comprar yerba y leche y de paso, llevar un ibuprofeno”, ejemplificó informalmente la persona que habló con este medio. Sin embargo, distinta fue la posición sobre la entrega de medicamentos online, siempre y cuando la gestión, trazabilidad, almacenamiento y control general salgan de las propias farmacias habilitadas.

Alejandra Gómez, directora de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (COLFARMA), opinó que aun los medicamentos de venta libre (“que también pueden generar interacciones, efectos adversos o problemas derivados de la automedicación”) deberían ser dispensados por un profesional: es el personal “formado para garantizar el uso seguro y racional de los medicamentos”.

“Que un medicamento sea de venta libre no significa que es inocuo”, agregó, y dijo que “la intervención del farmacéutico sigue siendo clave para orientar, prevenir riesgos y acompañar al paciente en el uso correcto del medicamento”. Sería un punto interesante de análisis, a la luz de esos adultos mayores relevados en este trabajo, muchos de los cuales viven solos y en situaciones de enorme vulnerabilidad. Las preguntas son muchas, como cuántos están lejos de la farmacia, si podrían gestionar sus compras online o si suelen precisar asesoramiento profesional en el mostrador para evitar la sobremedicación.

Gómez enfatizó que “el medicamento no es un producto más de consumo”, que “desregular no puede significar debilitar los controles sanitarios ni correr al profesional farmacéutico del sistema de atención” y, “sobre el delivery y el acceso en zonas alejadas”, concluyó: “Entendemos que existen dificultades de acceso, en especial para personas con movilidad reducida, y creemos que esas situaciones necesitan respuestas concretas. Pero cualquier modalidad de delivery o venta a distancia debe darse siempre a través de farmacias habilitadas y con intervención efectiva de farmacéuticos matriculados”.

PS