Alejandra Claudia Velázquez, una ex jueza a cargo del Juzgado de Familia 1 de Pilar, fue condenada a tres años de prisión por haber reclutado empleadas sociales para que le ayuden a buscar mujeres embarazadas o chicos vulnerables para que los puedan adoptar familias pudientes de countries de la zona.

Literalmente, en sus propias palabras, las mandaba a "buscar panzas".

La ex jueza fue condenada por el delito de cohecho agravado tras un juicio abreviado donde confesó haber cometido el delito de “cohecho agravado por su condición de funcionaria pública”.

La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Correccional 1 de San Isidro y se conoció a mediados de esta semana, según el Diario Resumen de Pilar.

Según el expediente judicial, al que tuvo acceso Clarín, les ofreció dinero a dos funcionarias públicas con la intención de influir indebidamente en actuaciones que debían desarrollar dentro de procesos de adopción.

El hecho ocurrió en 2011. Las dos funcionarias habían sido llamadas al despacho, donde les hizo una propuesta diciendo que podían llegar a tener una especie de “changa”.

Alejandra Claudia Velázquez. CASI

"Les dice que había lugares carenciados por donde tenían que salir a buscar 'panzas' porque, a su vez, había personas adineradas en los countries de Pilar buscando criaturas" para formar familias, figura en el fallo.

Pese a que ambos mujeres rechazaron de manera inmediata, para la Justicia cometió un delito solo con el ofrecimiento. "de tal modo un niño se convierte en un objeto de intercambio comercial, lo que implica vulneración a los tratados internacionales y la normativa interna", sostuvo el Juzgado Correccional 1 de San Isidro, que dictó la sentencia.

El caso había comenzado en 2017, cuando la jueza fue apartada del fuero familiar, del que fue titular desde su creación. En 2016 había sido suspendida y entre los cargos que fundamentaron su expulsión figuraban el datado falso de sentencias, el acoso laboral, la firma irregular de más de 600 expedientes por parte de auxiliares durante sus ausencias (muchas de ellas sin autorización de la Corte) y, sobre todo, la presunta intermediación en la cesión de bebés por precio.

El documento es demoledor. Habla, por ejemplo, de un caso de acoso laboral en donde le sugirió a una empleada ligarse las trompas tras haber tenido tres hijos. A otra la obligó a seguir trabajando mientras sufría un aborto espontáneo. "Decile que se ponga una toallita y espere hasta las dos", mandó a decir. Tras haber perdido ese bebé, le transmitió a su empleada que no se ponga triste ya que "debía ser un embarazo no deseado"

En otro caso, el fallo le remarca un "intolerable apartamiento de la misión confiada a los jueces" al no haberse interiorizado de los detalles de los menores de edad involucrados en los casos por los que fallaba. Testigos citados en el caso declaran que la jueza "no conocía a los menores y no tomaba las audiencias".

Por ejemplo cita el caso del menor A.P., un joven con medida de abrigo tras un intento de suicidio a quien Velázquez "nunca visitó", a pesar de que fue trasladado de hogar en hogar y solo dictó la resolución de cierre del caso cuando el joven alcanzó la mayoría de edad sin siquiera saber dónde estaba alojado.

A comienzos de 2024, el juez Nicolás Ceballos había emitido un pedido de captura internacional luego de que el fiscal José Amallo no haya podido localizarle en el domicilio que tenía registrado. Migraciones encontró que había salido del país rumbo a Londres. Por ese motivo, fue capturada en el Aeropuerto Internacional de Barajas, en Madrid.

El 21 de agosto de 2025 fue extraditada a la Argentina donde permaneció detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en Tigre.

Tras un acuerdo entre las partes, la jueza tendrá una condena a tres años de prisión y una inhabilitación de seis años para ejercer cargos públicos. Por ese período en domiciliaria, esquivará ir a la cárcel.