La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó este martes el fallo de la jueza Marta Elba Pascual que había suspendido por 60 días la aplicación de ley que baja de la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires.

Según el fallo de la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, la medida que había firmado Pascual implica "una intromisión indebida en las facultades de otro poder del Estado" y ordena que la magistrada revise su propia competencia para seguir interviniendo en la causa.

De acuerdo a la decisión de los jueces Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi, "resulta a todas luces inadmisible" suspender la aplicación de toda una ley mediante una medida cautelar; a la vez que considera que la magistrada se basó en "supuestos abstractos", sin acreditar una afectación concreta y actual de algún adolescente en particular.

"Un juez no puede suspender la aplicación de toda una ley, sancionada por el Congreso Nacional, a través de una medida cautelar -aun cuando lo haga de manera provisoria y por un plazo determinado-, sin lesionar gravemente el sistema republicano de gobierno", resalta la resolución.

Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, había hecho lugar el lunes de la semana pasada a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo (cuyo presidente es el sacerdote José María Di Paola, conocido como el padre Pepe) en representación de adolescentes privados de su libertad.

La jueza había puesto el foco en la capacidad e infraestructura de la Provincia para afrontar el cambio en la normativa que aprobó el Congreso hace más de seis meses.

Marta Pascual, la jueza que había firmado la cautelar.

Para la Cámara, "las leyes que han sido sancionadas de acuerdo a los mecanismos correspondientes, gozan de la presunción de legitimidad, que es lo que las hace operables", por lo que "sólo será procedente, eventualmente, su neutralización a través de una declaración de inconstitucionalidad, en un caso concreto".

No obstante, los jueces que firmaron esta nueva decisión remarcaron que "debe quedar claro que este Tribunal no minimiza la situación de los jóvenes que hoy se encuentran privados de la libertad en el marco de un proceso judicial en la Provincia de Buenos Aires, pero considera que ante una eventual situación que pudiera agravar sus condiciones de encierro, corresponderá al Juez a cuya disposición se encuentre el joven detenido, ordenar las medidas urgentes para remediar la situación".

Desde la Asociación Usina de Justicia, que había presentado una denuncia por abuso de autoridad contra la jueza, celebraron el fallo de la Cámara. "Esto es la victoria de la gente. Una jueza desconectada de la realidad, como el kirchnerismo, creyó que iba a lograr la suspensión y le salió muy mal porque terminó denunciada y con un pedido de juicio político", apuntó el abogado de la Asociación, Fernando Soto.

A cuatro días de la resolución de Marta Pascual, en el Senado bonaerense se presentaron tres pedidos de juicio político contra la magistrada por presunto “mal desempeño” en sus funciones.

La mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados recibió las denuncias que tienen las firmas del diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos); del senador Guillermo Montenegro (Pro) y de un abogado bonaerense, Alfredo Drocchi, quien actúa por “derecho propio” y como ciudadano bonaerense.

La Casa Rosada promovió y logró la sanción de esta reforma en febrero de este año y estableció un plazo de 180 días para adaptar las estructuras de detención de menores y otras instituciones.

Entre los ministros de Axel Kicillof hubo posturas contrarias a la reforma y cuando se conoció el fallo de Pascual acusaron al gobernador por “defender a los delincuentes”.