En un contexto en el que el sector agropecuario viene desde hace décadas sufriendo la mayor presión impositiva del país, fundamentalmente como consecuencia de las retenciones, resulta lógico que cualquier noticia que se conozca vinculada a un aumento de costos genere reacciones negativas.

Es lo que sucedió, por ejemplo, en los últimos días cuando trascendió la intención de que se establezca en Santa Fe un fideicomiso, alimentado por un aporte de U$S 1,5 por cada tonelada que ingrese a los puertos del Gran Rosario, para financiar las obras de infraestructura necesarias para que los camiones puedan acceder en buenas condiciones a esa zona y no sufrir más el calamitoso estado que tienen los caminos en la actualidad.

Primero fue la Sociedad Rural Argentina (SRA) y luego la Sociedad Rural de Rosario (SRR) las que expresaron su descontento ante esta iniciativa, que la interpretan como un costo más que deberá afrontar el sector productivo, cuando el Estado supuestamente dispone de recursos o debería encontrar los caminos para garantizar esa infraestructura.

Sin embargo, a medida que la polémica ha crecido, desde la gobernación de Santa Fe salieron a aclarar cómo es concretamente el proyecto: puntualmente, que, de aprobarse, significará la eliminación de las tasas que hoy en día cobran muchos municipios y que consideran clave dejar en claro que quienes deberían afrontar la contribución y absorberla, sin cargarla sobre los productores, son las exportadoras.

“QUE EL SECTOR PRIVADO ADMINISTRE SUS PROPIOS FONDOS”

En diálogo con Infocampo, el secretario de Cooperación de la Gobernación de Santa Fe, Cristian Cunha, repasó que por ahora es una iniciativa que está dialogando; es decir, que aún no está en firme, y que se si llegara a aplicar, no sería antes del segundo semestre de 2027.

Por el momento, en lo que avanzó la Provincia fue en dos reuniones: la primera con la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En tanto, la segunda fue con los municipios por dónde transitan los miles de camiones que van hacia los puertos cada día, como Timbúes, General Alvear, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez o Puerto General San Martín.

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En breve, está previsto un tercer encuentro con representantes de las entidades del campo, de los acopios y de los transportistas, para continuar intentando aunar una propuesta consensuada con todas las partes y que permita conseguir el anhelo que es corregir el déficit de infraestructura que hay en esa región, más teniendo en cuenta la proyección de un mayor flujo de tránsito previsto para los próximos años, una vez que la hidrovía tenga un mayor calado.

Cunha mencionó que la idea de este fideicomiso nació al intentar buscar una manera de financiar la enorme cantidad de obras y de gran costo que demanda esa zona del país, donde el tránsito de camiones ha sido incesante y creciente en los últimos años, sin que se avanzara en inversiones públicas que acompañaran ese proceso.

De acuerdo con Cunha, esto comenzó a revertirse desde que llegó al poder el gobernador Maximiliano Pullaro: aseguró que ya llevan invertidos entre recursos propios y créditos unos U$S 500 millones en diversas obras en el Gran Rosario.

“El tema es que es algo que están pagando todos los santafesinos, y lo que planteamos a las exportadoras es que deberían pagarlo ellas de alguna manera, porque al fin y al cabo son las que necesitan esa mercadería”, subrayó el funcionario.

Allí es donde surgía el obstáculo de las tasas que cobran los municipios y que han sido muchas veces denunciadas por los productores y transportistas debido a que no tienen contraprestación: se paga una suerte de “peaje” para transitar por caminos que nunca mejoran y, en rigor, empeoran.

En este aspecto es donde Cunha hizo eje para llevar algo de tranquilidad a los dadores de cargas: esta contribución de U$S 1,5 por tonelada iría a parar a un fideicomiso manejado por los privados e implicaría el compromiso por escrito de los municipios de eliminar sus propias tasas al respecto.

“Esto no irías a Rentas Generales ni lo administraría el Estado: tendría una figura público-privada, donde los dadores de carga, los transportistas, y los municipios van a poder decidir de manera transparente qué obras se realizan y cómo. Es decir, que el sector privado administre sus propios fondos”, remarcó Cunha.

Para el secretario de Estado santafesino, si bien es comprensible el reclamo de productores y transportistas por las tasas que pagan para caminos destrozados, a su vez también es atendible que los municipios necesiten recursos para enfrentar las situaciones que genera el paso de más de 5.000 camiones por día por sus jurisdicciones.

RECLAMO A LA NACIÓN

De todos modos, para la gobernación de Santa Fe el trasfondo de todo es que “hace 20 años nadie hace nada con las rutas, mientras cada vez vienen más camiones y, si se da el nuevo dragado de la hidrovía, van a ser muchos más”, indicó Cunha.

Al respecto, ejemplificó: “Un Panamax necesita 2.400 camiones por barco, y podemos llegar a tener un flujo de 2,5/3 millones de camiones por año. No podemos llegar a ese momento sin hacer nada y era necesario empezar a charlar una alternativa con todo el sector. Va a llegar el nuevo dragado y no va a estar la infraestructura argentina preparada para eso”.

Sobre este punto, coincidió en que la primera clave es que se eliminen las retenciones y la segunda que el Gobierno nacional reparta el dinero que cobra a través del Impuesto a los Combustibles.

“Hay que recordar que Santa Fe, a diferencia de otras provincias como Buenos Aires, no le cobra Ingresos Brutos al campo, mientras que las terminales portuarias están exentas por ser exportadoras; es decir, que no aportan nada en Santa Fe. Entonces, el campo está exento, pero las rutas hay que arreglarlas. Y por acá no pasan los camiones solo de una provincia, acá vienen de todo el país”, enfatizó.

Bajo este panorama, insistió en su visión de que la contribución de U$S 1,5 por tonelada no debe ser trasladado a los productores, sino que debe ser absorbida por las exportadoras.

“La lógica indica que, cuando haya mayor competencia por mercadería para cumplir con los contratos comerciales, al costo lo va a terminar absorbiendo la propia exportadora que va a necesitar pagarle más al productor para que le envíe los granos. Van a necesitar mayor carga y hay también que reforzar que no pagan un solo impuesto en Santa Fe”, cerró.