La problemática de la caza furtiva volvió a instalarse en la agenda legislativa de la provincia de Buenos Aires.

Un proyecto de ley propone establecer un régimen específico para sancionar a quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales para desarrollar actividades de caza, endureciendo significativamente las penalidades vigentes.

La iniciativa propuesta por los diputados Luciano Bugallo y Andrés De Leo plantea la prohibición expresa de la caza no autorizada en propiedades privadas cuando se utilicen armas, perros galgos u otras razas caninas, además de cualquier otro medio destinado a la persecución, captura o acorralamiento de animales silvestres.

“El objetivo es reforzar la seguridad en el ámbito rural y brindar mayores herramientas para combatir una práctica que genera creciente preocupación entre los productores”, expresaron los legisladores de la Coalición Cívica bonaerense.

Según establece el texto, también quedará prohibido organizar, promover, financiar o facilitar este tipo de actividades, así como transportar perros, armas u otros elementos destinados a la caza furtiva, conformar cuadrillas o ingresar a establecimientos rurales públicos o privados con ese propósito.

En sus fundamentos, el proyecto sostiene que la iniciativa busca “prohibir de manera expresa y definitiva la caza en todo predio privado en la provincia de Buenos Aires, estableciendo un régimen sancionatorio específico destinado a proteger la fauna silvestre, la seguridad rural, la propiedad privada y el bienestar animal“.

LA CAZA FURTIVA Y LA INSEGURIDAD RURAL 

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de la figura de “contravención grave contra la seguridad rural” para quienes incumplan la norma.

Las sanciones previstas incluyen multas de entre 1.000 y 20.000 unidades fijas, la inhabilitación para obtener permisos de caza durante diez años, el decomiso obligatorio de todos los elementos utilizados y el secuestro preventivo de los vehículos empleados en la infracción.

“Las penas se agravarían en un 50% cuando participen tres o más personas, se utilicen vehículos automotores, la actividad se realice durante la noche, existan antecedentes o reincidencia, se afecten áreas protegidas o se ocasionen daños materiales”, dice el texto.

Además, el ingreso sin autorización a establecimientos rurales para practicar caza constituirá una infracción adicional, con multas de entre 5.000 y 30.000 Unidades Fijas, una inhabilitación especial por 15 años y la prohibición permanente para reincidentes por segunda vez.

El proyecto también prevé que la reincidencia dentro de un plazo de cinco años duplique las sanciones económicas y que una segunda reincidencia implique la inhabilitación permanente para realizar este tipo de actividades.

DECOMISO DE PERROS Y UN REGISTRO PROVINCIAL

Otro aspecto contemplado en la iniciativa es el destino de los animales utilizados para la caza furtiva. Los perros decomisados deberán ser sometidos a controles veterinarios y puestos a disposición de refugios, asociaciones protectoras o programas provinciales de adopción responsable. Los propietarios podrán solicitar su devolución únicamente bajo el compromiso de garantizar su cuidado y no reincidir en la infracción.

Asimismo, se propone crear un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada, donde permanecerán inscriptas durante cinco años las personas sancionadas por este tipo de hechos. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Seguridad, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario, los Comandos de Prevención Rural, la Policía Rural y los municipios.

En los fundamentos, los impulsores del proyecto advierten que la provincia enfrenta “una problemática creciente vinculada a la organización de cuadrillas dedicadas a la caza furtiva mediante la utilización de perros galgos“, una práctica que, afirman, genera “graves consecuencias de seguridad pública”.

También remarcan que estos grupos suelen ingresar ilegalmente a establecimientos agropecuarios, principalmente durante la noche, poniendo en riesgo a productores, trabajadores rurales y sus familias.

Como respaldo a la iniciativa, el texto recuerda el pronunciamiento realizado por el Foro de Seguridad Rural Argentino (fOSERA), que manifestó su preocupación por el incremento de estos episodios y sostuvo que las normas actualmente vigentes “resultan insuficientes para desalentar estas conductas”.

Sobre esa base, el proyecto busca dotar a la provincia de una herramienta específica para fortalecer la seguridad rural y desalentar el ingreso ilegal a los campos con fines de caza.