La larga y compleja disputa entre la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) e Iberte sumó en los últimos días un nuevo capítulo judicial.

En la causa que es conocida como “La guerra del vino”, el conflicto que nació alrededor de una sociedad para comercializar vinos y mostos en Europa llegó al fuero federal con una denuncia por presunto lavado de activos y balances falsos.

En ese marco, una vez más se han generado versiones cruzadas sobre los hechos.

FECOVITA VS. IBERTE: NUEVO ROUND

Con un extenso listado de denuncias aun pendientes de resolución, esta nueva acusación fue radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 y comenzó a tomar impulso luego de que la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Ramiro González, considerara que existían elementos suficientes para abrir una investigación sobre determinadas operaciones comerciales y movimientos financieros vinculados con el conflicto.

De todos modos, hay una precisión central desde el punto de vista judicial: la Fiscalía sostuvo expresamente que, por las características y el estado actual de la investigación, todavía no corresponde imputar formalmente a ninguna persona hasta que surjan nuevos elementos que permitan identificar a los eventuales responsables de una maniobra delictiva.

En su presentación, Fecovita denunció puntualmente a los empresarios Juan José Retamero, (como presunto director Ejecutivo de Iberte); y Guillermo García, por la supuesta comisión de los delitos lavado de activos y utilización de balances falsos en el grupo Exportadoras Vitivinícolas SA (EVISA), en el que Fecovita mantenía el 51% del paquete accioniario.

Según surge del requerimiento fiscal, la Federación sostiene que detrás del vínculo comercial existiría una maniobra destinada a perjudicarla económicamente y que la rescisión de los contratos habría interrumpido un esquema de operaciones que, a criterio de los denunciantes, podría estar relacionado con el lavado de dinero.

La hipótesis denunciada gira, entre otros puntos, alrededor de movimientos entre sociedades del grupo empresario, aumentos y posteriores modificaciones de capital, transferencias desde el exterior y deudas intragrupo.

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Fecovita planteó ante la Justicia que determinadas operaciones podrían haber servido para justificar ingresos de fondos y movimientos posteriores entre compañías vinculadas.

La Fiscalía recogió esa descripción como parte de los hechos denunciados, aunque la investigación no convalidó todavía esa hipótesis. Por el contrario, el fiscal González dejó asentado que el objeto de la pesquisa debía ser delimitado y que era necesario evitar una investigación indiscriminada sobre todo el patrimonio y las actividades de las personas y sociedades involucradas.

Ese punto resulta clave: la causa federal no constituye, hasta ahora, una conclusión judicial sobre la existencia de lavado de activos. Es una investigación abierta para determinar si determinadas operaciones vinculadas directamente con el conflicto entre Fecovita y las empresas denunciadas tuvieron o no relevancia penal.

De todos modos, el fiscal general, según consta en la instrucción, decidió por dar por iniciada la acción penal.

LA DEFENSA DEL GRUPO IBERTE

Desde Aisa Group, el conglomerado de empresas de la que forma parte Iberte, rechazaron la denuncia y remarcaron que, hasta ahora, “no existe ninguna persona imputada” en la causa. La empresa sostuvo además que Fecovita cuestiona fondos que, según su propia versión, había considerado legítimos al momento de ingresar al negocio.

“¿Cómo pueden ser sospechosos hoy los mismos fondos que ella calificó de lícitos cuando se los llevó?”, planteó la compañía, que aseguró que las operaciones fueron realizadas dentro del sistema financiero formal y que aportará a la Justicia la documentación necesaria para demostrar la trazabilidad de los recursos.

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El grupo empresario también cuestionó que la denuncia relacione las operaciones realizadas mediante Contado con Liquidación con un supuesto origen ilícito de los fondos.

Según la empresa, la utilización de ese mecanismo no convierte por sí misma al dinero en ilegal y recordó que en actas internas de Fecovita se calificó la operatoria como “lícita, ética y moral en todos sus aspectos”.

Otro aspecto que citó como fundamental para comprender las operaciones hoy cuestionadas es que Fecovita tenía el 51% de EVISA y el control de la sociedad durante el período en que se hicieron esas operaciones. Es decir, no era un tercero ajeno a EVISA ni a la operatoria que ahora cuestiona.

“Esas mismas actas muestran además que Fecovita conocía el mecanismo de ingreso de los fondos y esperaba beneficiarse de ellos. En una reunión de su Consejo quedó expresamente asentado: ‘La ventaja nuestra sería que obtendríamos una capitalización de hasta U$S 10.000.000 a tasa 0%’. Este antecedente resulta directamente relevante frente a una denuncia que actualmente cuestiona esos aportes”, consideraron.

Para Iberte, la nueva denuncia debe interpretarse en el marco del prolongado conflicto comercial y judicial entre las partes. En su caso, consideran que la acusación busca desacreditar públicamente al grupo y anticiparon que, por los eventuales perjuicios ocasionados, podría promover nuevas acciones por daños y perjuicios.

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DEL NEGOCIO DEL VINO A UNA “GUERRA JUDICIAL”

Vale recordar que el quid de la cuestión se remonta a 2022, cuando comenzaron los enfrentamientos entre Fecovita e Iberte por diferencias en un contrato de consignación de vino y mosto en Europa que desató una batalla legal que, al día de hoy, se mantiene abierta y derivó en una sucesión de causas cruzadas.

Yendo hacia atrás en el tiempo, Iberte asegura que desde Fecovita la engañaron para que invirtiera $3.139 millones en capital en la sociedad exportadora que habían creado. Para el grupo empresario, los directivos de la Federación habrían redirigido esos fondos a sus propias cuentas bajo el concepto de “anticipos de productos” que, según esa posición, nunca fueron entregados.

También persisten diferencias sobre los montos definitivos de las deudas al momento de finalizar la sociedad en 2022 y, fundamentalmente, sobre quiénes deben ser considerados acreedores y deudores.

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A esa primera causa le siguieron pedidos de quiebra, denuncias por balances fraudulentos, acusaciones cruzadas de estafa y otros procedimientos judiciales en los que Fecovita e Iberte no han logrado encontrar un punto de acuerdo.

La causa federal se incorpora así a un tablero judicial cada vez más amplio. El propio fiscal González advirtió que, detrás de los expedientes, existe un “ida y vuelta” entre denunciantes y denunciados que, en distintos momentos, han intentado trasladar al terreno penal diferencias nacidas de una relación comercial y contractual.