El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) le solicitó al Senado de la Nación que avance de manera urgente con el tratamiento legislativo y aprobación de una ley que regule el mercado de carbono.

Así lo expresó en un comunicado, luego de que la semana pasada se firmara un dictamen de comisión sobre los diversos proyectos normativos debatidos al respecto.

Para el CAA, “es un avance decisivo para consolidar la sostenibilidad, la previsibilidad y la competitividad del sector productivo nacional, reconociendo el valor de los activos ambientales que genera nuestro país”.

Pero más importante aún es su potencial dinamizador: “según proyecciones del sector técnico y ambiental agroindustrial, el establecimiento de reglas claras para la comercialización de créditos de carbono le permitirá a la Argentina captar entre U$S 1.400 y U$S 3.900 millones anuales, además de apalancar inversiones territoriales directas por más de U$S 2.000 millones en el mediano plazo”, afirmó el Consejo.

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POR QUÉ REGULAR EL MERCADO DE CARBONO

“La agroindustria argentina reúne condiciones diferenciales únicas mediante el manejo de suelos, la ganadería regenerativa, la actividad forestal, la bioenergía y el biocarbón. Pero para transformar esa ventaja competitiva en inversión y empleo genuino necesitamos previsibilidad e institucionalidad legal de manera prioritaria”, remarcó Gustavo Idígoras, presidente del CAA.

En ese sentido, desde el Consejo ampliaron que, actualmente, el país cuenta con más de 40 proyectos en ejecución, restringidos de manera casi exclusiva a mercados voluntarios.

Así, la aprobación de la norma en debate y su articulación con los mercados regulados internacionales —como el Artículo 6 del Acuerdo de París o el programa CORSIA de la aviación comercial— permitiría duplicar la cantidad de desarrollos en el corto plazo y acceder a cotizaciones por tonelada de CO2 que triplican los valores actuales.

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Para el CAA, es importante que se apruebe la normativa, entre otras cosas, porque consagra la propiedad de los créditos a favor de los titulares de los proyectos y respeta el dominio originario de los recursos y el federalismo ambiental, garantizando un esquema donde los Aportes de Mitigación destinados a mercados voluntarios puedan comercializarse libremente y sin autorizaciones administrativas previas ni trabas burocráticas.

Esta posición fue subrayada también por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) durante su participación en un plenario realizado en el Senado para debatir este tema.

EL BONO DE CARBONO ES DE QUIEN LO GENERA
“CRA no negocia la titularidad del bono de carbono: debe ser del productor, porque es quien invierte, produce y asume el riesgo para hacerlo posible”. Así lo expresó Ernesto Messina en el Senado, al presentar la posición de CRA sobre el… pic.twitter.com/92zs48FfqP

— CRA (@CRAprensa) September 3, 2026


Por otra parte, el Consejo Agroindustrial valoró que, en el proyecto de ley, se incluye el otorgamiento de estabilidad fiscal por 10 años, la exención de derechos de exportación y la creación de un Registro Nacional (ReNaRe) ágil, gratuito y declarativo que evita la doble contabilización, “sin transformarse en una aduana regulatoria, permitiendo canalizar financiamiento climático e integrar al agro argentino en los mercados globales con plena integridad ambiental y seguridad jurídica”, resaltó.

“Es por lo expuesto que solicitamos al Senado de la Nación a tratar y aprobar de manera urgente el proyecto de ley de Mercados de Carbono. La medida busca dotar al país de un marco regulatorio indispensable para monetizar las buenas prácticas ambientales del campo y transformar la captura de carbono en un motor clave de ingreso de divisas”, puntualizó.

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Asimismo, y como complemento fundamental del marco normativo en discusión, desde el CAA remarcamos la importancia de actualizar la agenda climática soberana mediante la presentación de la NDC 3.0 de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“La consolidación del Inventario Nacional de GEI y de metas de reducción transparentes resulta estratégica para dotar de validez y solidez técnica a las certificaciones nacionales. Este paso es imprescindible para integrar al país en los mecanismos del Artículo 6 del Acuerdo de París (ITMOs) y garantizar que los desarrollos agroindustriales locales cumplan con los estándares de acreditación internacional requeridos por esquemas como CORSIA”, cerró el Consejo.